Un primer despiece del libro, ¿Qué conclusiones podemos sacar de la gestión de la crisis por parte del Estado, de los poderes públicos?

Teniendo en cuenta que la principal razón de ser de los Estados es proteger la vida de la gente y a partir de ahí todo lo demás, no podemos decir que en España se hayan obtenido unos resultados buenos en esta misión frente a la pandemia de la COVID-19. Qué duda cabe que la salud de la población se convertirá en una nueva seña de prosperidad, acentuará la necesidad de un nuevo contrato social en el que los Estados tendrán un renovado mandato económico y social. Está por dilucidar el alcance y la forma que adoptará un renovado Estado del bienestar. España precisa de reformas, y no menores. No sólo habrá una mayor demanda para aumentar la financiación de los servicios sanitarios, sino que la presión de los votantes llevará a los Gobiernos a convertir en permanentes medidas adoptadas con carácter temporal, hasta que la situación mejore sustantivamente. La educación tiene que pasar también una urgente revisión a fondo.

El cambio ya ha llegado. Convirtamos la tragedia en oportunidad de progreso y mejora. Es el momento de impulsar desde todos los niveles una estrategia para reforzar el SNS. Ahora más que nunca, se trata de reformar todo lo que se venía clamando desde hace décadas.

Si la austeridad parece descartada y los ciudadanos reclaman más gasto, el desafío está en cómo financiar ese nuevo y fortalecido Estado del bienestar. En parte con un aumento de ayudas y de la deuda pública. Existe ahora una mayor tolerancia por parte de la UE, pero también con un incremento de los ingresos propios. De ¿dónde?, ¿más impuestos? Con la UE más comprometida que en la crisis de 2008, la situación es más templada por la apuesta firme, y el importante Acuerdo alcanzado el pasado 21 de julio de 750.000 millones de euros, para hacer frente a la devastación de la pandemia durante los próximos siete años. 

Debemos, por inconveniente, descartar en el corto plazo un aumento de la fiscalidad sobre los ingresos de todos los hogares, al menos en las familias más golpeadas por la crisis. Sí, en los tramos altos de renta. Perseguir el fraude y la economía sumergida es una obligación, insoslayable. Pensar en un nuevo impuesto extraordinario a las empresas más beneficiadas por la pandemia, es otra alternativa. El coronavirus ha precipitado la discusión acerca de la modernización del Estado del bienestar. La debacle ha disparado un sano ejercicio de prospectiva que empujará a una nueva gobernanza global donde lo público tenga una presencia menos timorata.

El debate sobre la financiación del Estado del bienestar tras la pandemia enlaza con otro abierto ya antes sobre la fiscalidad que debe aplicarse a las empresas tecnológicas y a la economía digital. Francia o España están dispuestas a imponer el impuesto digital a las grandes empresas de plataforma. Con posibles sanciones de los EEUU. Mientras, hay que poner fin a la competencia fiscal entre los Estados europeos que está debilitando el sistema de seguridad social de muchos de los países miembros.

Otros ven una salida en la economía verde. El Estado de bienestar debe convertirse en un Estado social-ecológico para darle la vuelta a las consecuencias sociales de las crisis medioambientales ya presentes que han favorecido las últimas epidemias y las que vendrán. Estamos ante una doble revolución: devolver la salud al corazón de las políticas públicas, poniendo el medio ambiente en el corazón de las políticas sanitarias.

El coronavirus ha precipitado un debate que afianza la legitimidad del Estado del bienestar, al tiempo que obliga a plantear, con urgencia, su modernización. Tal vez sea un Keynes verde el icono de la “nueva normalidad”. En fin, veremos el efecto tractor de los planes de inversión que España presentará en la UE.

La COVID-19 ha puesto en evidencia que los sistemas de información, y muy especialmente, la vigilancia epidemiológica, han sido insuficientes. Achacable al escaso interés político e inversor en salud pública en las administraciones sanitarias públicas. También ha fallado la coordinación entre el mundo sanitario y el social. El SNSE ha vivido en los años de bonanza económica encantado de conocerse, instalado en el confort, en un status quo esquivo a removerse, con falta de interés real y cierto por parte de todos los agentes del sistema en acometer reformas imprescindibles y largamente reclamadas. Veremos si en los nuevos escenarios de la pandemia, los incrementos de financiación sanitaria pública provenientes de la UE empujaran a las terapias precisas a los muchos y buenos diagnósticos ya conocidos acerca del SNSE. Algo, tímido, se ha apuntado ya en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción.

Parece que la tecnología es un buen amortiguador y la innovación un buen tractor que pueden ayudar en las reformas que vendrán de la mano, fundamentalmente de la mano de la digitalización del sistema, y de una más eficaz coordinación de lo sanitario y lo social.

La crisis en curso (la sociedad entre pandemias) reconocerá el ‘trade off’ entre economía y salud. Si la salud pública sale fortalecida y la economía genera renta a partir de la mejora de la gobernanza colectiva, y de cambiar las prioridades de inversión pública, serán buenas noticias.

También, tiene que haber un mejor acoplamiento en cómo cubrir eficientemente las necesidades de salud poblacional con la respuesta del mercado, que en nuestro sector estará previsiblemente más intervenido por el Estado, a como lo ha estado en los últimos años. Esperemos que con buena regulación. Sin embargo, serán las distintas vacunas y terapias en desarrollo las que nos saquen del sombrío panorama social y económico que se vislumbra.

Por último, ¿aprenderemos algo de la pandemia? Sólo si auditamos con rigor, independencia y transparencia lo hecho, con ánimo de mejorar las insuficiencias y carencias detectadas.

Veremos si no nos vence el escepticismo en un corto plazo que ya da muestras de estériles refriegas políticas sin alcance alguno, o, por el contrario, nos empoderamos como sociedad civil organizada y tomamos la iniciativa como ciudadanos activos preocupados por un futuro incierto.

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