Un buen gobierno influye positivamente en todas las funciones del sistema sanitario, mejorando su desempeño y, en última estancia, los resultados de salud poblacional. También se distingue de la función de rectoría que busca reactivar el liderazgo de las administraciones de salud y su capacidad de establecer y desarrollar estrategias que orienten al sector y al sistema sanitario hacia ganancias de salud.
Desde la economía de la salud hay mucha jerga en uso: herramientas de regulación, jerarquía, organización o incentivación para hacer posible la implementación de las políticas. Hay una distorsión entre las relaciones de principal (paciente) y agente (médico) en la tupida red de relaciones de agencia que existen en lo público y en lo sanitario.
El mal gobierno sería una subversión consciente y deliberada del interés general a favor del interés particular. También no aplicar prácticas de gestión de efectividad demostrada o carecer de las competencias adecuadas para el desempeño del cargo o no utilizar el conocimiento disponible para mejorar la toma de decisiones ni hacerlo accesible a los agentes legitimados para usarlo en beneficio social. Además de ser incompetente y aceptar un cargo para el que no se está cualificado, no dejar actuar a los intereses legítimos o no usar las herramientas de gestión disponibles, es pura negligencia. La cura viene de la mano de la profesionalización de la gestión, de una formación reglada exigible a todos los que desempeñan funciones de dirección.
El concepto de buen gobierno no debe quedar circunscrito al ámbito público, sino que debe abarcar también la relación entre accionistas y ejecutivos en las empresas privadas, y entre estas y la ciudadanía. El buen gobierno requiere por tanto una voluntad formal de espíritu de servicio, de autorregulación y de rendición de cuentas en los que participe la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos con exigencia de un comportamiento ético y honesto.
La regulación explícita de los conflictos de interés es un instrumento imprescindible en una organización que quiera ofrecer a la sociedad garantías de transparencia, integridad y buenas prácticas.
