Muchos reputados analistas alertaron que desde la puesta de largo de nuestro Sistema Nacional de Salud tras la promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986, la financiación prevista era insuficiente. En 1991, el Informe Abril lo ratifica. Desde entonces hemos venido financiando el sistema a través de impuestos directos y deuda que se iba acumulando y “limpiando” periódicamente. Sin embargo, desde la firma del Memorando de entendimiento UE-España publicado en el BOE el 10 de diciembre de 2012 que impidió la intervención completa del Reino de España, esto no es posible. Se han impuesto medidas de reducción del gasto sanitario público que no cesarán aunque remita la intensidad. Si a ello le añadimos que los mercados globalizados exigen a los países disciplina férrea en el gasto público, la situación se hace crítica. Sabemos que si éstos no obedecen, “los mercados” se van con el dinero a invertir a otros países. Ahora bien, la globalización generadora de crecimiento económico necesita de la solidaridad. Una economía de mercado sin reparto de la riqueza es una receta para el colapso social. Y la solidaridad también requiere de crecimiento económico, ningún Estado de bienestar tiene futuro fuera de un clima económico dinámico.
Hay, además, que profundizar en las reformas de la función pública a las que nos obliga dicho Memorando, dirigidas a la priorización de la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos por encima de los intereses de quienes los prestan. Se precisa extender los análisis de evaluación económica para informar a los decisores en las reestructuraciones organizativas y todo tipo de innovaciones en gestión pública. Conviene introducir la competencia regulada tanto dentro de las organizaciones públicas como entre organizaciones. Necesitamos de incentivos que lleven a la movilización creativa a emprendedores y a trabajadores públicos y privados muy atados todavía por corsés regulatorios. No hay que descuidar la imperativa inversión pública en educación. Urge pues una transformación continua de cómo funciona nuestro sector público.
La consecuencia de la timidez de las reformas está siendo deletérea para el sistema sanitario público, todavía sin repercusión conocida sobre la salud de la población. Se sabe, aunque se guarden con celo y sin luz, que las listas de espera han ido creciendo más en la actual coyuntura en todas las regiones de España (algo por otro lado consustancial a los sistemas que garantizan la equidad horizontal, es decir, igual acceso a igual necesidad). Se conoce que la entrada de nuevas personas en lista espera del dispositivo público implica un crecimiento de la contratación de pólizas privadas. Que diez millones de españoles dispongan de una póliza privada es un amortiguador para las fuentes públicas. Que estemos gastando entorno al 9,5% del PIB, está en consonancia con nuestro nivel de renta. La gestión clínica, la despolitización de lo público, la abolición de rigideces administrativas innecesarias, los programas de reinversión y otras medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia técnica, no serán suficientes. El sistema público precisa aumentar la financiación a partir de fuentes privadas controladas públicamente. Tiene que llegar dinero privado al sector. De donde: copagos y pólizas complementarias. La alternativa si no se hace nada es el empeoramiento inexorable de la calidad asistencial.
Menos es más 