La relación entre la salud y la economía es estrecha y viene de lejos. La salud no es un elemento independiente a la producción mercantil o al consumo de los hogares, sino que tiene un papel decisivo para el crecimiento económico y social. Los avances en la atención sanitaria de las últimas décadas han contribuido a alcanzar las mayores tasas de esperanza de vida, junto con importantes progresos sociales y mejoras en la calidad de vida de las personas. Hay métricas que acompañan esta aseveración en términos de PIB y morbimortalidad.
La salud debe considerarse un “activo social”, es decir, capital social de los países que complementa al resto de capitales de los que se nutre la sociedad en su conjunto, a saber: “capital humano (las habilidades de las personas), capital físico (máquinas y tecnologías), capital social (confianza y relaciones) y capital natural (nuestro medio ambiente y ecología)”.
Este capital social no siempre se incorpora de una manera notoria al diseño de las políticas económicas, produciendo efectos negativos en la sociedad en su conjunto. Equilibrar la relación entre la salud y la riqueza de las naciones en un momento como el actual de grandes cambios económicos, políticos y sociales; y también de una gran incertidumbre causada por los efectos de las guerras en curso, las crisis financieras, las crisis sanitarias -COVID 19- y la inflación; es crucial para el bienestar de las sociedades contemporáneas.
Una mala gestión de los sistemas económico-financiero, sanitario y energético, como principales sostenedores de la sociedad, empeora la salud, produce más mortalidad y morbilidad evitables, empeora el bienestar social y causa un retardo económico.
La debilidad es consecuencia de una inversión insuficiente de los “subsistemas” básicos para el desarrollo humano como son la vivienda, la salud, la educación, el entorno comunitario y la innovación. Están conectados entre sí, y deben abordarse medidas que permitan el fortalecimiento de todos y cada uno de ellos.
El ejemplo más reciente lo escenifica la pandemia del COVID 19. La crisis sanitaria desencadenada ha producido un empeoramiento de la salud de la población con una importante desaceleración del crecimiento económico, con efectos a largo plazo. Sin embargo, la crisis sanitaria también ha servido para poner el foco de la salud entre las prioridades de la agenda política y de la economía mundial.
En este sentido, se hace preciso implementar líneas de actuación basadas en la resiliencia, definida como “la capacidad de un sistema para hacer frente a las crisis sin menoscabo de sus servicios básicos y sin ejercer una presión indebida sobre otros soportes del gobierno”. Entre otras, se apuntan las siguientes medidas: facilitar y sistematizar las estadísticas de medición de datos, de manera que se visibilicen necesidades reales y se prioricen; someter al sistema de salud a pruebas de estrés que permitan valorar los resultados no esperados de una política o anticipar los riesgos del sistema; retornar la salud y los cuidados a nivel local; impulsar políticas de integración y, en concreto, implementar la prescripción social para hacer frente a necesidades que van más allá de los problemas salud; educar en salud; condiciones laborales en pro de la salud; rediseñar nuevos modelos para la política fiscal financiera; e impulsar iniciativas encaminadas a una cobertura más amplia de la red de protección social. En definitiva, para 2025 no mirar a USA y sí a la UE, donde el proteccionismo y la polarización siguen sin pesar en demasía en un escenario cambiante.
Menos es más 