Determinantes comerciales de la salud

Los determinantes comerciales de la salud son un marco conceptual que analiza cómo las prácticas de las empresas —especialmente de grandes corporaciones transnacionales— y algunas políticas públicas, influyen negativamente en la salud de las población. Incorpora el papel del poder corporativo, las dinámicas del mercado y la interfaz estado-mercado. En ocasiones el sector privado promueve productos y elecciones que son perjudiciales para la salud. Incluye no solo la venta directa de productos nocivos sino también la influencia sobre políticas públicas y regulación.

Sus principales acciones son el marketing agresivo entendido como publicidad dirigida especialmente a poblaciones vulnerables (niños, jóvenes, personas con bajos ingresos); el lobby y la captura regulatoria, es decir, la presión sobre legisladores para frenar regulaciones sanitarias (como impuestos al tabaco, alcohol o comida ultraprocesada); la litigación estratégica que es el uso de demandas para bloquear leyes de salud pública; la responsabilidad social corporativa entendida como estrategias de “lavado de imagen” que encubren prácticas dañinas; y por último, la deslocalización y la  evasión fiscal por el impacto indirecto sobre determinantes estructurales como la financiación de sistemas de salud.

Los determinantes comerciales están directamente vinculados al aumento de enfermedades crónicas como el cáncer (tabaco, alcohol); las enfermedades cardiovasculares (comidas ultraprocesadas, inactividad física, sedentarismo); la Diabetes tipo 2 y la obesidad (alimentación y estilos de vida dañinos); y los trastornos por las adicciones (alcohol, juego, …)

También se asocian con el incremento de las desigualdades sociales en salud, ya que afectan más a grupos con menor nivel socioeconómico (gradiente de salud y ley del cuidado inverso) y con la carga económica para los sistemas sanitarios, por el aumento de enfermedades prevenibles ligadas a la conducta.

Las estrategias de respuesta desde la salud pública deberían ser una regulación más estricta con impuestos selectivos, restricciones de marketing, etiquetado claro; la litigación estratégica con enérgicas demandas desde el Estado o la sociedad civil contra empresas por daños a la salud; la desinversión a través de movimientos que promueven que gobiernos, universidades o fondos financieros para las industrias nocivas; el fortalecimiento de capacidades regulatorias, evitando la captura regulatoria por intereses privados; junto al enfoque de salud en todas las políticas con la incorporación obligatoria de la evaluación del impacto en salud en decisiones fiscales, comerciales o urbanísticas.