Mejorar la eficiencia no está necesariamente reñido con un empeoramiento de la equidad. Pellizcar a un sistema administrativo lleno de cautelas y rigideces se viene intentando desde 1997 con la Ley para la habilitación de nuevas personas jurídicas en la gestión de centros sanitarios públicos. Como casi siempre en este desdichado país no se ha dejado que estos modelos de prestación hayan estado tiempo suficiente operando en la práctica. Además, casi seguro que no se ha vigilado con el suficiente celo.
Si queremos incorporar empresas que, lógicamente, buscan la rentabilidad, hay que fijar muy bien en los contratos el tope de beneficios e impedir incentivos perversos, como restringir la atención a quienes generan menos ingresos.
Conviene externalizar, con mecanismos de control suficientes, todo menos el core clínico; o si se hace, tenerlo muy bien monitorizado con sensores que avisen y con ejercicios de evaluación por comparación de servicios gestionados enteramente por lo público. No hay que desdeñar el coste inherente a la inspección y vigilancia.
El bienestar no puede quedar al albor solo del mercado en un sector donde no se puede ajustar la oferta a la demanda, que además puede ser inducida. La confianza en las instituciones y los profesionales es pilar del sistema sanitario. Los pacientes reclaman transparencia y en muchos casos los beneficios se pueden opacar.
Menos es más 