Un país que lleva décadas sin reformas estructurales tiene un problema. En nuestro sector, las bajas laborales, que ya superan el diez por ciento, son un cáncer incompatible con la vida de las empresas, públicas y privadas. Los agentes que operan en el sistema no han hecho nada relevante. La productividad, la eficiencia y la exigencia de gastar adecuadamente los fondos públicos hacen aguas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta en este informe de las tensiones de las comunidades autónomas en la gestión de la incapacidad temporal: https://www.airef.es/wp-content/uploads/2026/02/SpendingReview-2022-2026-fase-2/SR2226F2_IT.pdf
Son, además, las que tienen las competencias de la prestación sanitaria. El entramado de médicos que dan las bajas, mutuas que colaboran y quienes asumen el coste final de la incapacidad laboral —que son la Seguridad Social y las empresas— es reseñable en el ámbito de la Unión Europea. La normativa en general en España es muy garantista, los convenios colectivos tienden a complementar la prestación pública muy especialmente en periodos económicos expansivos que no son aprovechados por los gobiernos para reformar todo lo que como país tenemos de improductivo. Hay, por tanto, dos temas que importan y mucho: la salud de los trabajadores y la productividad de la economía española.
Menos es más 