¿Valen lo que cuestan los nuevos medicamentos? (1ª parte)

Como sociedad, ¿cuánto queremos pagar por alargar la vida de un niño un año?, ¿cuánto por un año en un anciano de ochenta y cinco años?, ¿y si sólo la alargara unos meses?. Y, puestos a elegir, ¿lo gastamos todo en ese año extra de vida para una sola persona, o mejor en tratar a 100 pacientes con depresión severa?, ¿o en evitar el dolor permanente a un millar de pacientes?, ¿o en prevenir futuras enfermedades cardiovasculares a varios miles de ciudadanos?. Todas estas opciones alternativas que dejaríamos en la cuneta (coste de oportunidad) -si priorizamos en las mejoras de supervivencia- conllevan también a una importante pérdida de calidad de vida y, por tanto, de bienestar social.

Nos encontramos ante dos dilemas de vital importancia: primero, el ético, con el principio de la autonomía, que pivota en el “consentimiento informado” y, el de la justicia ocupado en “evitar la desigualdad”. Ambos principios desde su perspectiva social, deben situarse en un muy primer plano.

Destaca también el dilema económico con el coste de oportunidad y los otros beneficios sacrificados.

Y, de salud pública ya que la equidad horizontal – a igual necesidad, igual acceso –
está garantizada por la Ley General de Sanidad de 1986. En cualquier caso, ni son
nuevos estos dilemas ni exclusivos de España.

¿Son demasiado caros los nuevos medicamentos? ¿Valen realmente lo que dicen
aportar? Y, aun siendo así, ¿se los puede permitir el sistema sanitario público? Y, en
tal caso, ¿cuál es el mejor sistema de fijación de precios y decisión de financiación
pública?

Parece urgente avanzar hacia una cuestión para la que todavía no estamos del todo preparados; esto es, la medición del valor o al menos, de los resultados en salud que aportan estos nuevos medicamentos desde la perspectiva social.

Aunque hay innegables avances que vienen de la mano de la innovación farmacéutica, como por ejemplo convertir en crónicas enfermedades hasta hace poco letales como el VIH, elevar del 20% al 90% la supervivencia a 5 años en leucemia mieloide crónica, permitir la curación de la hepatitis C, etc., se han generado, a su vez, legítimas preguntas sobre el precio de los nuevos medicamentos, que han mermado la confianza en el sistema y en las políticas para incentivar la innovación sostenible. Máxime en un escenario, como el actual, de opacidad en los acuerdos de precios de los nuevos medicamentos.

Preocupado por la misma cuestión, el gasto farmacéutico hospitalario y las nuevas tecnologías sanitarias (el propio Gobierno español a instancias de la UE, a través del MSCBS) ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que revise en profundidad los gastos en farmacia hospitalaria en España, para lo que ha sacado una importante licitación pública que se cerró hace unos días.

Para la patronal no hay alarma social por el posible futuro incremento de la factura farmacéutica, ligado a los medicamentos innovadores que dista mucho -según sostiene-, de que nos enfrentemos a un problema de magnitud extraordinaria.

La realidad es que las dudas sobre el alto precio de algunas terapias, (que venía siendo ya una constante pero contenida preocupación en los medicamentos para enfermedades raras) saltaron a la opinión pública de la mano de los nuevos fármacos para la hepatitis C que, además, evidenciaron la falta de preparación de los sistemas sanitarios para afrontar el reto de la incorporación de la innovación disruptiva.

Hay críticas contra el precio de nuevos medicamentos, especialmente los antineoplásicos, advirtiendo variaciones de más del 300% en los precios entre países, pues buena parte de las nuevas terapias están sujetas a acuerdos confidenciales de techos máximos de gasto, acuerdos de riesgo compartido y otras fórmulas de descuentos semejantes, las cuales hacen difícil conocer el precio real.

El mercado farmacéutico hospitalario español ha crecido en torno a un 20-30% en los últimos cinco años. Este hecho crea preocupación, como hemos señalado, por parte de la UE, dado el peso que puede suponer en el aumento de la deuda pública para el reino de España.

Se necesita que las evaluaciones que se propongan tengan en consideración la perspectiva social, aspecto en el que se incidirá en nuestra XIV Reunión Científica: La Evaluación de Tecnologías Sanitarias desde la Perspectiva de la Sociedad. Como sociedad hemos de exigir el mayor retorno que se hace en la inversión de fondos publico destinados a medicamento de alto coste.