En 2001 se empezó a prometer una ley que abordara el consumo problemático de alcohol en los menores. Es la droga legal más consumida por los adolescentes. El primero en anunciarla fue el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, y detrás de él, el resto de los ministros/as de Sanidad que precedieron a ese Gobierno con el que arrancó el siglo XXI.
El último intento vino de la mano de María Luisa Carcedo, la ministra que consiguió elaborar un texto avalado por las sociedades médicas y científicas, pero que, de nuevo, quedó en un cajón. Su sucesora, Carolina Darias, se comprometió en el 2021 a llevarla al Parlamento, pero se fue a Canarias sin hacerlo. En el 2022, Sanidad inició el trámite de consulta pública previa a la elaboración del texto, algo que ya se hizo en el 2018 con Carcedo. La realidad es que se acabó la legislatura sin que la ley que tenía como fin proteger a los menores no vio la luz. Numerosos estudios muestran que se comienza a consumir alcohol a edades muy tempranas. El consumo ocasional comienza a los 14 años de media y el consumo más habitual y con periodicidad semanal, a los 15,2 años.
Las evidencias científicas señalan que los adolescentes son muy vulnerables al alcohol por alterar su desarrollo (hígado, páncreas y cerebro). Adicionalmente se produce un peor rendimiento académico, más conflictos familiares y más accidentes.
El texto de la ley se centraba en una mayor vigilancia de los puntos de venta, especialmente en esas pequeñas tiendas en las que no se comprueba la edad del comprador. Se barajaba aumentar las sanciones a sus propietarios y la clausura en caso de reincidencia. Para ello se precisa una mayor colaboración de las distintas administraciones y más apoyo a la local, según recogía el informe.
Otra medida era llegar a acuerdos con la industria para reducir el precio de las bebidas no alcohólicas, actualmente equiparables a las alcohólicas. También cambiar el mensaje publicitario obligatorio de “consumo moderado” o “es tu responsabilidad” por el de “menores ni una gota” y “tolerancia cero en menores”. Y, también, limitar la publicidad, la promoción y la venta de bebidas alcohólicas, especialmente las referidas a las ofertas que induzcan al consumo abusivo, como la barra libre, la hora feliz, 2×1, o similares.
Ayudarían más inspecciones, más formación (especialmente a los profesionales de la hostelería), más educación a los chavales, más programas de ocio alternativos… ¿Con qué recursos? La comisión mixta Congreso-Senado para las drogas lo tenía claro: destinando parte de lo que se recauda por los impuestos especiales. ¿Nos sorprenderá el nuevo/a titular de la cartera de Sanidad con el empeño de sacar adelante el texto ya avanzado? Veremos.
Menos es más 