Hay un cierto consenso en el sector salud sobre la insuficiencia crónica de la financiación de la sanidad que se ha trasladado progresivamente a la opinión pública; pero otra realidad es que en los últimos años el incremento destinado a sanidad ha estado por encima del PIB anual. En la actualidad con la crisis económica, el escenario se ha complicado, el estado de bienestar esta sometido a graves tensiones en otras partidas como pensiones y las destinadas al paro, con la amenaza de persistir las deficiencias en las ayudas familiares, a la discapacidad y a la educación.

Las tendencias que caracterizan el Sistema Nacional de Salud en España, una vez descentralizada su gestión en las distintas Comunidades Autónomas, son su financiación pública y universalidad, que se ha acompañado de un mayor intervencionismo que excede de la esperada y necesaria regulación por parte de los distintos gobiernos autónomos. El aumento de las infraestructuras y las nuevas tecnologías sin plantearse previamente de forma rigurosa una evaluación de las necesidades, la existencia de una variabilidad de los estilos de práctica clínica, no justificable que cuestiona la inhabilidad de la medicina y una determinada permisividad de prácticas inapropiadas, contribuyen a que crezca la ineficiencia.

El reto no es gastar menos sino gastar mejor realizando las cosas de forma correcta. No podemos seguir instalados en la cultura del déficit y en una falta de trasparencia a todos los niveles. No ayudan las contradicciones en el ámbito político por argumentos más partidistas que técnicos y con la percepción de que los ajustes se realizan para que todo siga igual. En el Sistema Nacional de Salud existe cierta indulgencia por parte de los políticos, gestores y profesionales que se acompaña de una determinada indolencia de los pacientes que amenaza con mantener un sistema insostenible. El consenso del debate actual se centra en aumentar los ingresos (tasas), frenar la demanda, bajar precios y retrasar los pagos a proveedores, entre otras, con posturas inmovilistas en la gestión directa de los centros sanitarios con una administración pública disfuncional o creando modelos organizativos nuevos que de momento sólo representan “nuevos trajes” pero con hábitos semejantes.

La crisis es una oportunidad para emprender cambios estructurales que no fuimos capaces de emprender en su momento. Ayudaría que los ciudadanos presionaran y exigieran, como sociedad civil, la rendición de cuentas (clínicas y económicas) a los responsables de la gestión y se implantaran prácticas de evaluación transparente e independiente sobre los resultados clínicos de los recursos que se están destinando a la sanidad. Por ejemplo, se sabe que tamaño del centro, profesionalización, autonomía, independencia y fuerte competitividad, son variables que salvan vidas. No parece que de estas cosas se haya hablado en los cambios que se quieren implantar -sin consulta a los profesionales y con respuesta en la calle- en la sanidad madrileña. ¿Por qué será?

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