La Ley General de Sanidad, 30 años después

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad cumple hoy 30 años, desde su promulgación en el BOE. Ideada como marco normativo básico que ejerce de modo efectivo su función de ordenación y vertebración del sistema, ha cumplido su papel. Sin embargo, desde 2002 que se transfieren los servicios del Insalud a todas las Comunidades Autónomas, incluyendo el grueso de las competencias: planificación, contratación, gestión y control, hubiera convenido adecuar las reglas básicas por las que se rige nuestro sistema sanitario. La Ley de Cohesión y Coordinación de 2003, no consigue una operativa, ni unas reglas de juego claras entre los poderes públicos sanitarios, ni un cambio de actitudes entre las Administraciones Central y Autonómicas, ni aborda los asuntos sanitarios más relevantes. El énfasis que hace está muy centrado en profundizar la estrategia de coordinación. El escenario actual es de una gran complejidad y quedan por introducir cambios necesarios que aseguren que el sistema sanitario continua respondiendo de manera coherente y solidaria, a las necesidades y expectativas de una sociedad en permanente proceso de cambio.

Y, ¿cuáles son los asuntos más relevantes?. Redefinir y consolidar el aseguramiento sanitario público como mecanismo de cobertura social frente al riesgo de la salud, fijando el carácter del derecho a la asistencia sanitaria como derecho subjetivo, universal y no contributivo. Se debe profundizar en la ordenación normativa de las prestaciones sanitarias comunes y avanzar en la configuración de las complementarias con sus tiquets moderadores correspondientes. Las nuevas prestaciones, tecnologías, programas, medicamentos, requieren de un proceso de evaluación tecnológica que garantice su seguridad, efectividad y eficiencia, sin olvidar la dimensión ética ni el impacto financiero que suponen. Conciliar inteligentemente regulación e innovación es el desafío. Se hace necesario revisar el catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos que incluyan plazos de acceso máximos atendiendo a criterios objetivos y socialmente aceptables. Hay que implantar el instrumento legal que haga que las Comunidades Autónomas cooperen en las competencias atribuidas al Estado. La cooperación en el movimiento de los profesionales entre territorios, los sistemas de información, la tarjeta sanitaria, la historia digital, las compras centralizadas y muchos otros temas requieren acuerdos y cumplimientos recíprocos. La financiación sanitaria precisa de un nuevo modelo que estabilice los factores exógenos que empujan el crecimiento del gasto, tales como los cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad, el aumento de las expectativas de los ciudadanos en la demanda de cuidados y la incorporación de nuevas tecnologías.

Un Ministerio sin liderazgo es improbable que lleve a buen puerto una auténtica refundación del Sistema Nacional de Salud Español, como la que precisa el conjunto de sus servicios de salud de las Comunidades Autónomas, que muestran signos incontestables de agotamiento. Hace falta que todos arrimen el hombro en el pilar del estado de bienestar mejor valorado por la ciudadanía y del que todos nos sentimos de orgullosos y tranquilos, tanto como para conciliar el sueño ante posibles contingencias catastróficas.