- La administración del Estado de Bienestar necesita una reforma si pretendemos que perdure. Se precisa revisar de un modo crítico el funcionamiento de nuestra Administración Pública.
- En España nunca tuvimos una administración del bienestar La Administración Pública continuó rigiéndose por los patrones propios de la Administración burocrática heredada del franquismo, más adecuados para la concesión de licencias que para la producción y provisión masiva de bienes y servicios. Las Comunidades Autónomas se limitaron a copiar, en sus normas y estructuras, el modelo de la Administración General del Estado.
- Resulta indispensable la reforma de un patrón burocrático uniforme. En el sector salud, el corsé uniformador burocrático-funcionarial impone tales restricciones que obligan a procesos, a veces desordenados, de huida hacia fórmulas organizativas diferentes.
- Se están explorando fórmulas público-privadas de gestión, buscando en ellas ganancias de eficiencia y de calidad. La crisis ha puesto al descubierto las debilidades de un modelo de intervención pública fuertemente expansivo, alimentado en parte por la descentralización del estado, y desarrollado durante los años de crecimiento económico sostenido que hemos vivido en España. Nuestro modelo fue una burbuja del servicio público con un fuerte crecimiento y diversificación de las áreas de intervención pública, tendencia a la elevación sostenida de los estándares de servicio comprometidos. Más y mejores servicios en campos cada vez más diversos. Hubo pérdida de foco, provisión de servicios esenciales junto a otros cuya prioridad es claramente discutible. Se financiaban íntegramente, con cargo a los presupuestos públicos. Existió universalización y gratuidad como lógicas dominantes de distribución. Los servicios eran para todos, y tendiendo a coste cero. Lamentablemente gran parte de la población ha interiorizado este modelo que cuenta con un elevado nivel de presión de determinados grupos sociales (pensionistas, por ejemplo) sobre los gobiernos (central y autonómicos) para la satisfacción de sus expectativas y preferencias de intervención pública. Ha existido despreocupación por la eficiencia y opacidad de los costes de los servicios con caídas de la productividad del empleo público.
- Esta burbuja del servicio público se revela insostenible en un contexto de bajo crecimiento sostenido de los ingresos públicos. Las políticas duras de ajuste y consolidación fiscal serán, durante este período, indispensables, pero el mero recorte no mejorará por sí mismo la situación, si no se acometen algunas reformas inaplazables. Hay que señalar que estas reformas se harán especialmente urgentes en las comunidades autónomas y municipios sobre los que recaen tanto la mayor parte de la factura como las atribuciones competenciales y normativas.
- Hay que comenzar con una revisión de la oferta de servicios públicos que deberá afectar tanto a la cartera como a los estándares. La idea debe ser la concentración en lo esencial. La prioridad debe estar, en primer lugar, en las políticas de protección de perjudicados por la crisis, y, en general, de los más vulnerables, que no siempre fueron, durante la burbuja, los mejor tratados, ya que carecían de una voz suficientemente amplificada como para estar en la primera línea de los beneficiados por esa incipiente administración del bienestar que sigue teniendo parientes pobres. En segundo lugar, en las políticas que promuevan la reactivación económica. Una estricta atención a los costes de oportunidad debe presidir esta revisión, dando lugar a la eliminación de aquellas actividades en las que éstos sean superiores al valor público creado.
- Introducir en la Administración incentivos a la eficiencia, hoy inexistentes. En el sector salud hay una franja de alta dirección que sigue colonizada, en buena medida, por los partidos políticos. Esta franja debiera ser ocupada por una dirección pública profesional meritocrática. La implantación de mecanismos de gestión por resultados, de mejora de la transparencia y de rendición de cuentas ayudaría a que se hiciese realidad. Se precisa que los empleados públicos cuenten con una formación continua de calidad, orientada a la resolución de problemas y que cuente con una larga experiencia. La oferta formativa existe en nuestro país y es de calidad contrastada (ej.: MADS).
- Necesitamos urgentemente unos poderes públicos más potentes en sus roles de promotores (impulsores de conductas en los mercados y la sociedad) y de reguladores (creadores de reglas de juego y garantes de su cumplimiento), y más auto contenidos en su papel de productores de bienes y servicios públicos.
- Sería preciso reformar la Administración Pública y lo necesitamos ya. Son cambios que requieren análisis, diagnósticos y orientaciones de expertos (ya existen en muchos casos), pero que sólo son viables como reformas políticas. Sólo la política puede reformar la Administración Pública. Ahora bien, los precedentes nos indican que esta reforma sólo llegará a las agendas de los decisores si hay un impulso extenso y fuerte de su necesidad desde la sociedad civil.
Menos es más 