Seguramente nadie estaría en desacuerdo en señalar que la universidad española tiene problemas estructurales desde hace décadas y que la de política universitaria (docente e investigadora) ha estado mal enfocada.

Las hornadas de universitarios que se fueron a hacer sus formaciones posdoctorales en el extranjero regresaron como investigadores de reincorporación durante los 90, pero muchos de ellos no pudieron estabilizarse, y en muchos casos, volvieron a marcharse al extranjero. Y después, las siguientes generaciones han seguido marchando, produciendo una triste fuga de cerebros en España. Y en la mayoría de los casos, sin plantearse regresar.

Se vislumbra, en parte, un cierto problema de selección del profesorado. En algunos departamentos, se prima la endogamia lo que dificulta la competencia. Y sin competencia, se sale muy mal parado en los rankings internacionales. Pero lo cierto es que también hay casos de éxito como por ejemplo el programa ICREA ideado por Mas Colell que ha hecho, por ejemplo, que la Universidad Pompeu Fabra sea la que puntúe primera en los rankings.

Expliquemos algunas razones para que tengamos tres escuelas de negocio entre las 20 mejores del mundo y ninguna universidad, ni pública ni privada entre las 150:

  • Una, por el lado de la oferta, es proveer el servicio principalmente a través de operadores públicos sin incentivos, con interferencias políticas serias, y al albor de la financiación de la CCAA.
  • Otra, por el lado de la demanda, es la selección de los estudiantes: casi todos los que se presentan entran.

Aunque la razón de ser de la sanidad sean los pacientes y la de la universidad los estudiantes, si acceden, el 98% de los que se presentan a una prueba de selección, la calidad inevitablemente se ve mermada. Hay muchos estudiantes estupendos que se ven totalmente perjudicados por la masificación y por aquellos que deberían estar haciendo una formación profesional de calidad, respetada y valorada por la sociedad como sucede en países vecinos referentes como Alemania.

La crisis, la austeridad y la tasa de reposición del 10% han mandado al traste cualquier atisbo de mejora en una universidad que arrastraba serios problemas. La enseñanza, la buena, cuesta mucho dinero y darla de forma gratuita lanza un mensaje erróneo sobre su verdadero valor y coste, y además es antieconómica como medida, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de los alumnos que tendrán menos incentivos para esforzarse, e injusta, pues favorece a los que tienen rentas altas y se la puede pagar sin problema alguno. Pero para que sea inclusiva y logre la justicia social deberían de existir más programas de becas para que los que tienen talento y escasos recursos no se queden sin estudiar.  Quizá el cheque universitario según la renta y las capacidades de cada candidato pueda ayudar. De esta manera alineamos que se valore el esfuerzo, que entren en competencia y que exijan calidad, saliendo así de la anomia instalada.

Desde mi punto de vista los dos mayores problemas del sistema universitario (y el de investigación en general) son:

  1. la selección (y capacidad de atracción) de personal
  2. y la financiación.

En ambos casos, en un país que tiene una riqueza limitada, la solución uno sospecha que tiene que pasar necesariamente por priorizar y clasificar un poco más y mejor.

No soy profesor de universidad, aunque tengo colaboraciones con universidades públicas y privadas en mi área de expertise. Por tanto, desconozco en profundidad los grandes problemas de la Universidad de primera mano, si bien fui alumno, con beca, conozco a profesores, he conocido la Universidad de Edimburgo como benchmark, y dirijo una maestría de postgrado en la Universidad Pompeu Fabra, antes en la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, desde hace 30 años. He sido pues observador privilegiado, con la curiosidad del epidemiólogo, todos estos años. Y su relevador devenir no me ha sorprendido.

Si el camino es tan claro: ¿a qué estamos esperando? La educación cambia a las personas, y las personas cambian el mundo. Este asunto debería ser prioritario en la agenda política y más cuando hay un ministerio dedicado a ello. No olvidemos que la educación es la llave a la igualdad de oportunidades y el ascensor social por excelencia. La comunidad universitaria y la sociedad civil nos merecemos que exista una política de educación universitaria (y no universitaria) coherente y eficaz. El momento es ahora.

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