La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dice que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación en sus quehaceres.
Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.
También para los cambios estructurales que el SNSE necesita, se precisa de un contexto organizativo apropiado y sólidamente fundado en valores. El concepto de “buen gobierno” va mucho más allá del cumplimiento de las leyes. Habla de obtener buenos resultados, de ausencia de corrupción, de mala gestión, de nepotismo, etcétera. También exige que el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia y obediencia a códigos de conducta a los que las organizaciones se adhieren. Estas reglas, a su vez, están basadas en valores éticos y en virtudes cívicas. El eje vertebrador de “buen gobierno” es la rendición de cuentas, en definitiva, la responsabilidad en el buen quehacer de las cosas.
Desde la salud pública destacamos el atributo participación ciudadana. A escala institucional, la participación ciudadana en el gobierno de la sanidad pública se ejerce fundamentalmente a través del proceso político democrático por el que se elige y controla a los gobernantes; esta participación se hace más próxima y operativa con la creación de consejos de gobierno y la presencia en los mismos de representantes de los ayuntamientos y otros entes civiles junto a consejeros a título personal vinculados a la comunidad local. Además, una buena respuesta de los servicios sanitarios públicos a los pacientes y ciudadanos exige la existencia institucional de un sistema para que las quejas, denuncias, sugerencias y reclamaciones tengan mecanismos eficaces y rápidos de respuesta que prevengan ulteriores litigios.
Colocar al paciente y a la población en el centro requiere de instrumentos que le permiten la identificación de necesidades, de demandas y de preferencias, así como monitorizar el grado de satisfacción con los servicios, poniendo esta información a disposición de la sociedad con la mayor transparencia. En este sentido, realizar de manera periódica y sistemática encuestas de opinión enfocadas a los distintos tipos de usuarios y de servicios con el fin de asegurar que el diseño de estos servicios y de los procesos asistenciales tomen en consideración al paciente y a sus cuidadores en todos sus elementos (adecuación, información, comodidad, etcétera).
Un buen gobierno influye positivamente en todas las funciones del sistema sanitario, mejorando su desempeño y, en última estancia, los resultados de salud poblacional. También se distingue de la función de rectoría que busca reactivar el liderazgo de las administraciones de salud y su capacidad de establecer y desarrollar estrategias que orienten al sector y al sistema sanitario hacia ganancias de salud.
Desde la economía de la salud hay mucha jerga en uso: herramientas de regulación, jerarquía, organización o incentivación para hacer posible la implementación de las políticas. Hay una distorsión entre las relaciones de principal y agente en la tupida red de relaciones de agencia que existen en lo público y en lo sanitario.
El mal gobierno sería una subversión consciente y deliberada del interés general a favor del interés particular. También no aplicar prácticas de gestión de efectividad demostrada o carecer de las competencias adecuadas para el desempeño del cargo o no utilizar el conocimiento disponible para mejorar la toma de decisiones ni hacerlo accesible a los agentes legitimados para usarlo en beneficio social. Además de ser incompetente y aceptar un cargo para el que no se está cualificado, no dejar actuar a los intereses legítimos o no usar las herramientas de gestión disponibles.
El concepto de buen gobierno no debe quedar circunscrito al ámbito público, sino que debe abarcar también la relación entre accionistas y ejecutivos en las empresas privadas, y entre estas y la ciudadanía. El buen gobierno requiere por tanto una voluntad formal de espíritu de servicio, de autorregulación y de rendición de cuentas en los que participe la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos con exigencia de un comportamiento ético y honesto.
La regulación explícita de los conflictos de interés es un instrumento imprescindible en una organización que quiera ofrecer a la sociedad garantías de transparencia, integridad y buenas prácticas.
Un sistema sanitario estable ha de hallarse sólidamente anclado en ciertos valores que lo definen. El fundamento normativo del Sistema Nacional de Salud común a todos los agentes es el principio de igualdad de oportunidades, es decir, a igual necesidad, igual acceso. Para ello la sanidad es en nuestro país un servicio accesible a todos dejando fuera obstáculos basados en características de los individuos como raza, género, religión, ingresos, edad o estado de incapacidad. La sanidad pública ha de responder con la mayor calidad, efectividad, eficiencia y equidad a las necesidades, demandas y preferencias de los pacientes.
El marco organizativo requiere del despliegue de la planificación, el gobierno y la gestión tiene que considerar a los ciudadanos y a los pacientes como sus auténticos propietarios, destinatarios y jueces.
Para apuntalar el “buen gobierno” se tiene que ir a un nuevo contrato social, con todos los sectores de la sociedad (partidos políticos, profesionales, agentes económicos y sociales, pacientes y ciudadanos) basado en los valores de la ética pública democrática, tomando como referente compartido común los valores, principios y atributos del buen gobierno, buscando acuerdos y consenso en torno a reglas del juego democrático, gobierne quien gobierne.
El entorno de opacidad y limitada rendición de cuentas es un medio propicio para que prolifere la captura por intereses de burócratas, políticos y lobbies. Y, sobre todo, un creciente que favorece la perpetuación de los peores modus operandi.
Las carencias de las organizaciones profesionales, lastradas por su escasa representación, con una autoritas cuestionable y su frecuente utilización sesgada para defender intereses corporativos, no siempre mayoritarios, impiden que hagan de eficaz palanca. No obstante, el mejor gobierno de las organizaciones sanitarias requerirá de una carrera directiva más meritocrática, de más competencia, de mejores salarios, …
En definitiva, mejorar el buen gobierno de nuestras instituciones para responder mejor a los verdaderos problemas de salud y los retos de la crisis postpandémica requiere minimizar sus vicios más obvios y aprender de quienes lo hacen manifiestamente mejor. Más complicado, pero más ilusionante, es localizar y activar las palancas que contribuyan a lograr de ello el mayor beneficio social. La necesidad de enfrentar la grave crisis en curso es una excelente oportunidad. Buscar formas de movilizar y canalizar las inquietudes de los profesionales es un reto y una obligación para cualquiera que renuncie a instalarse en la cultura de la queja. También movilizar adecuadamente las pulsiones de los usuarios del SNSE que tarde o temprano lo somos todos.
Menos es más 