Parafraseando a Mauro Guillen 2021, una de las tragedias de los últimos treinta años es que la globalización ha socavado la autoridad y la capacidad del Estado para liderar la acción pública en aras a la protección del bien común. La habilidad de los gobiernos para intervenir se ha visto afectada como consecuencia de un asalto ideológico sobre el Estado por parte de partidos y políticos conservadores, así como por la liberación de los mercados, especialmente de los mercados de capitales. Y siguiendo con José Mª Maravall 2016, otro gran politólogo, la democracia —y el papel del Estado— es uno de los factores más saludables para reducir el impacto de las crisis pasadas, presentes y futuras.

Es la corrupción política asunto que inquieta, y no poco, a los españoles. Desde 2014, y según datos de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, la corrupción ha oscilado en estos años en torno al 50% de los encuestados que la consideraban entre sus tres preocupaciones mayores, sólo superada por el paro. Un 15% de los ciudadanos manifestaba que era el problema español que más les afectaba personalmente. El asunto de la corrupción no es exclusivo de la situación política en España ya que se da, con distinta intensidad, también en otros países de nuestro entorno. 

Alejandro Nieto 2008 ya abogaba hace quince años por mejorar la legitimidad. Se precisa una política que sea menos negocio, donde los partidos no compitan en un mercado inspirado por el lucro y apoyado en la corrupción. Lo público se ha separado de los intereses sociales. El modelo político-económico de la llamada civilización occidental continúa deteriorándose inexorablemente y lo que debiera asombrarnos no es su decadencia acelerada sino la duración de su supervivencia agónica.

La principal propuesta para superarla es la mejora del sistema de partidos. Carles Ramiò 2016, otro excelente politólogo y estudioso del funcionamiento de la administración pública propone un exhaustivo elenco de medidas de un modo sistemático y justificado normativamente: 1) cambio de la Ley Electoral por otra más proporcional; 2) mejora de la financiación pública de los partidos políticos, reduciendo las aportaciones privadas; 3) transparencia y rendición de cuentas total de los partidos políticos y de los sindicatos como si fueran administraciones públicas; 4) incremento de las retribuciones de los políticos que ocupan cargos institucionales; 5) supresión de gastos protocolarios y establecimiento de un sistema riguroso de vigilancia; 6) creación de comisiones de supervisión de los cargos políticos; 7) relevo de los máximos líderes políticos de los partidos tradicionales y reconocimiento público de sus casos de corrupción; 8) incremento de recursos para fortalecer al poder legislativo; 9) despolitización de los órganos superiores del poder judicial; 10) mejoras procesales y aumento de recursos en la persecución de la corrupción; 11) diseño de una agencia pública independiente de vigilancia y control de todas las contrataciones del sector público; 12) publicación de las agendas públicas y privadas de los cargos públicos; 13) creación de una agencia independiente de defensa de los consumidores de servicios universales de interés general; 14) información clara y transparente de los gastos públicos; 15) evaluación efectiva de las políticas públicas; 16) puesta en vigor de contabilidad analítica para cálculo y comunicación de costes reales de las diferentes actividades y servicios públicos; 17) dotación de sistemas de información que permitan cruzar bases de datos; 18) publicitación de los sistemas internos de información a los ciudadanos y los intermediarios sociales (open data); 19) uso institucional del big data para dotar de más inteligencia prospectiva y calidad de gestión a la Administración Pública; 20) asegurar la independencia profesional de los agentes públicos relacionados con la corrupción; 21) incremento del volumen de empleados públicos hasta alcanzar la media de la Unión Europea en jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y policías especializados en corrupción; 22) establecimiento de sistemas de protección de la figura del delator; 23) mejoras tecnológicas de mecanismos de control internos y externos sin exceso de burocracia; 24) mecanismos institucionales y administrativos que aseguren el acceso de personal a las instituciones públicas bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito; 25) regulación de la dirección pública profesional para garantizar la calidad de los nombramientos de estos directivos y su protección frente a ceses partidistas o arbitrarios. No nos cabe duda de que el estudio de este problema social en España, la corrupción política, es de la máxima transcendencia para la renovación y legitimidad democráticas.

De nuevo Ramiò 2017, aborda el papel que puede jugar en el futuro, durante las próximas tres décadas, el Estado y sus administraciones públicas en el escenario más probable es de pérdida de poder e influencia. Las administraciones públicas han entrado en un estado de crisis que puede ser muy profundo y peligroso.

Quizá podamos asistir a un posible empoderamiento y expansión del Estado y de sus administraciones públicas en el futuro. Las contradicciones internas del capitalismo (los cuasi monopolios de las empresas tecnológicas y la expansión de la economía colaborativa) y las tensiones sociales derivadas de estas discrepancias pueden procurar de una renovada fuerza al papel y a las competencias de las Administraciones Públicas. Se utiliza el concepto Estado en su acepción de ser uno de los principales motores del bienestar social (junto al mercado, el tercer sector y la familia). El Estado como ejercicio del poder en defensa del bien común.

Francisco Longo 2004 alerta de la importancia de la gestión de las personas preocupa cada vez más a quienes dirigen los gobiernos y las organizaciones del sector público. La demanda de ideas, estrategias, metodologías e instrumentos que permitan mejorarla ha crecido de modo significativo.

Se ha ido haciendo evidente que los cambios legales, las reestructuraciones organizativas, la modernización tecnológica, siendo importantes, no son suficientes para producir los cambios necesarios. El verdadero cambio es aquel que consigue penetrar en las mentes de los individuos y trasladarse a sus conductas. Conseguirlo es uno de los desafíos centrales de la gestión pública. También es el que afronta mayores obstáculos y resistencias. Y, desafortunadamente, de nuevo, los partidos y los sindicatos son un freno a la modernización real del sector público en general y de la sanidad en particular.

Por último y muy recientemente ponen el foco en nuestro sector Beatriz González y Vicente Ortún 2022 y realizan una reflexión en torno a las tres grandes palancas necesarias para reconstruir el sistema sanitario: la gobernanza, la integración asistencial y la digitalización.

España tiene niveles preocupantes de calidad de la democracia y de confianza de la población en sus políticos, y se requieren grandes cambios en la Administración pública para conseguir un mejor Estado.

La sanidad presenta una arquitectura institucional deficiente que impide una adecuada gobernanza macro. También falta autonomía de gestión de los centros sanitarios públicos, lo cual dificulta la competencia por comparación, la integración asistencial y la coordinación intra-nivel y entre niveles asistenciales.

La pandemia ha puesto en valor el profesionalismo y ha demostrado que es posible una gestión sanitaria ágil, pero el reto es mantener esa flexibilidad fuera del estado de alarma, sin el encorsetamiento asfixiante de la intervención previa ausente durante y después, paradoja que sorprende a propios y a extraños.

La integración asistencial es más necesaria a medida que la población envejece, y la financiación capitativa es una potente herramienta para lograrla.

La digitalización concierne a prácticamente todos los ámbitos de la sanidad y la salud poblacional, y traerá consigo cambios organizativos de gran calado, requiriendo nuevos métodos de evaluación. La telemedicina, auspiciada durante la pandemia con vocación de permanencia, induce cambios en las relaciones laborales. Es preciso evaluar las herramientas y las tecnologías digitales como ya se hace con medicamentos y medical devices. España tiene una oportunidad única para su transformación digital, gracias a los fondos europeos. Veremos si somos capaces de aprovecharla.

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