Hablemos, tras la diabetes, de los problemas mentales como gran epidemia del siglo XXI para países desarrollados. Afectan aproximadamente a uno de cada seis adultos cada año, pero a menudo no son ni reconocidos y ni tratados adecuadamente. La incidencia y prevalencia de estos problemas aumenta durante los periodos de crisis económica, que es precisamente cuando los gobiernos y otros organismos de financiación buscan reducir el gasto en lugar de aumentarlo. Opera el gradiente de desigualdad: personas y comunidades desfavorecidas están en riesgo mayor de enfermedad mental. El factor estigma generalizado en torno a la enfermedad mental, y la discriminación asociada, también empeoran durante las recesiones. Tenemos pues todos los ingredientes de una “tormenta perfecta”. La naturaleza de muchos problemas de salud mental tienen una complicación añadida: las consecuencias pueden propagarse ampliamente entre las familias y las comunidades, sus costes de afrontamiento traspasan a muchos presupuestos más allá de la salud, y los efectos pueden perdurar todo el ciclo de vida. También existe la pequeña minoría de personas cuyas necesidades son tan complejas que deben ser obligatoriamente internados y tratados.
En la situación presente, la evaluación económica, puede ayudar. Hay una necesidad de reconocer algunas de las complicaciones a las que se enfrentan los evaluadores en esta área, incluyendo la causalidad de doble vía que discurre entre enfermedades y algunos factores de riesgo, los retos perennes del juicio clínico, la amplitud y la duración de los tratamientos y sus costes asociados, la naturaleza controvertida de algunos resultados del tratamiento y, ciertamente, las dificultades de medición. Además hay que considerar algunas de las causas fundamentales de los problemas de salud mental durante la recesión económica (por ejemplo, el paro de larga duración) para poder presentar una justificación económica que inicie una intervención temprana que pueda reducir los síntomas y promover el bienestar.
El análisis económico y la política ha ocupado un lugar destacado en la evolución de la política de salud mental en muchos países desarrollados, especialmente en los EE.UU. El análisis se hace mediante la descripción de las características de la enfermedad mental, sus efectos sobre las personas afectadas y las características de los servicios de salud mental, su prestación y la financiación; hacen de la política de salud mental, algo especialmente interesante, desafiante e importante. Entre éstas está la heterogeneidad de las necesidades y características de las personas que tienen la misma enfermedad (por ejemplo, esquizofrenia o depresión), las consecuencias de las enfermedades que se extienden más allá de la del individuo afectado (violencia, efectos intergeneracionales en los niños) y la participación de los recursos necesarios para servir a algunas personas con trastornos mentales que van más allá de la atención de la salud (vivienda, empleo y seguridad). En primer lugar en los EEUU, las innovaciones en la financiación pública de la atención de salud mental contribuyó a una menor dependencia de las instituciones psiquiátricas públicas después de 20 años de intentar utilizar mecanismos administrativos para lograr este fin. Esto incluye algunos primeros intentos de lo que llamamos “el pago por desempeño” (Pay for Performance) en la actualidad. En segundo lugar, estas innovaciones se produjeron junto a un cambio del papel funcional para la atención hospitalaria psiquiátrica en hospitales generales privados y sin fines de lucro y de la especialidad psiquiátrica que se entrelazaron con cómo pagar la atención hospitalaria (GRD). En la atención psiquiátrica, al final se excluyó en gran esta nueva medida del sistema de pago prospectivo. Se impuso el sistema de pago único para la atención hospitalaria psiquiátrica. En tercer lugar, la reforma se centra en el control del riesgo moral y el gasto, que resultan estar estrechamente vinculado a la reducción de la dependencia de la asistencia institucional. Implicó el uso de contratos de riesgo compartido en la atención a la salud mental que está impulsando una nueva ronda de innovación e investigación de atención no institucional.
Por último, el tema emergente es la dirección de los consumidores y los presupuestos individuales. En cada caso, se establece cómo el análisis económico y la política se puede aplicar, es decir, los principios económicos de la economía pública, de la economía organizativa y de la relación agente-principal, como modelos posibles que nos permitan avanzar a través de lecciones aprendidas.
Menos es más 