En 1986 cuando se aprobó la Ley General de Sanidad con el ministro Lluch estaba en Edimburgo cursando una maestría en Salud Comunitaria en el Usher Institute. Un par de años antes durante el primer año de la residencia de Medicina Preventiva y Salud Pública nos mostraron el hospital antituberculoso del AISNA.
La promulgación de dicha Ley tuvo como principal logro haber integrado las distintas redes asistenciales en una única que paso a llamarse Sistema Nacional de Salud. Hubo presiones e intereses corporativos que vencer y costó su aprobación. En 1981 se transfirieron las competencias sanitarias a Cataluña, en 1984 a Andalucía, en 1987 al País Vasco, en 1990 a Navarra, en 1991 a Galicia, y al resto en 2002. La adopción de tan importante responsabilidad por las CCAA hizo que mejoraran las infraestructuras y la dotación de recursos humanos de los recién estrenados servicios regionales de salud. Sin embargo, en los aspectos organizativos y de alta dirección apenas ha habido avances.
Muchas de las recomendaciones del archiconocido Informe Abril de 1991 siguen sin implantarse. El intento en 1997 de habilitar nuevas formas de gestión despegó tímidamente y se llegaron a emplear hasta cinco personas jurídicas en distintos territorios, que no han perdurado y muchas se han revertido. Sólo permanece la gestión privada de recursos públicos a través de contratos o concesiones en alguna comunidad autónoma.
En Salud Pública destacaría la dotación de potentes sistemas de información, vanguardia en la Unión Europea, pero sin explotar plenamente y sin aplicar inteligencia corporativa. Los presupuestos asignados despegaron un poco tras la pandemia de la COVID-19. Ahora, estamos pendientes del funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública que prevé, básicamente, coordinar y estar atento a riesgos, alertas, epidemias y pandemias.
Con el envejecimiento de la población, las enfermedades neurodegenerativas y la explosión de las enfermedades crónicas, incluido el cáncer, no se han llegado a integrar los sistemas de dependencia y sanitario, lo que supone una atención integral debilitada.
La atención primaria sigue siendo asignatura pendiente y en hospitales permanecen unas rigideces y un modelo funcionarial a todas luces incompatible con el despliegue armónico de las nuevas generaciones de sanitarios inquietos con la nueva tecnología, la digitalización y la Inteligencia Artificial que permitirían la mejora de la productividad y dotar de más eficiencia al sistema.
En síntesis, cuarenta años después no hemos progresado adecuadamente.
