En 2006 se aprueba una Ley (39/2006 de 14 de diciembre) que consagra un nuevo derecho: el de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Con gran entusiasmo y escasa cautela. Con una financiación central y autonómica, a todas luces, insuficiente que llevó a que se perpetuaran en España unos centros residenciales de mayores obsoletos, y a la espera de un cambio de modelo que todavía no ha llegado. Se optó por un planteamiento organizativo institucionalizado, con carencias regulatorias, mercantilizado, sin suficientes dotaciones presupuestarias que han precisado de la participación económica del institucionalizado o su familia, con personal de escasa formación y en condiciones laborales precarias, y con deficiencias de coordinación y cooperación con el sistema sanitario. Con estos mimbres mal pintaba que pudiera dar respuesta esta nueva pata del estado del bienestar a las demandas agudas de atención sanitaria que provocó la crisis de la COVID 19.
Las administraciones llevan más de una década sin transitar a una transformación significativa ni tan siquiera por la digitalización y por el envejecimiento de la población. Además, sin estrategia de futuro ni liderazgo político han estado capturadas sindicalmente y han vivido ajenas al bien común y al interés general. Con plantillas que en un 30% se jubilarán en los próximos diez años. Incapaces de dar una respuesta eficaz a las demandas ciudadanas que no paran de crecer. Algunos expertos como Carles Ramiò hablan del hundimiento de la administración.
La respuesta que ya se preveía insuficiente ante este diagnóstico previo ha venido de la mano de la reciente investigación llevada a cabo por la Comisión Ciudadana por la Verdad. Lo ocurrido en las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid en los meses de marzo y abril de 2020, las primeras semanas de la crisis sanitaria de la COVID 19, https://comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com no se ha vivido en otras CCAA. Un hallazgo relevante es que en ese período negro hubo hasta 1000 camas privadas libres que no se utilizaron para derivar pacientes mayores de las residencias que lo necesitaban, cuando los hospitales públicos estaban a rebosar. La alta incertidumbre y el desconocimiento ante la pandemia generaron malas y absurdas decisiones vistas en perspectiva. Los protocolos empleados claramente discriminaban por edad y patología e impidieron derivaciones a hospitales cuando las residencias carecían de medios materiales adecuados. Se pudieron evitar muchas muertes inhumanas, vergonzosas y terriblemente traumáticas para el entorno familiar. Lo que presenciamos, algunos en primera persona, fue una película de terror. Falló clamorosamente la administración en su labor de tutela y supervisión y la judicatura en su falta de castigo a los responsables.
Sin embargo, nuestra sanidad conjuga humanidad y profesionalidad. La atención que recibimos en un contexto normal cada vez que la necesitamos es encomiable y sólo será posible si mantenemos un estado del bienestar fuerte.
Menos es más 